La Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó como amigo del tribunal (amicus curiae) en los amparos en curso, con el propósito de expresar su posición institucional frente a la discusión sobre la constitucionalidad de los artículos que fijan las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios.
En este marco, el presidente de la entidad, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia, Guillermo Bernaudo, durante el cual se presentó el reporte técnico elaborado por la institución. Participaron además el secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; e integrantes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, como entidad socia de la BolsaCER y en carácter de tercer interesado en la causa.
Durante la reunión se recordó que, en el año 2019, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) ordenó al Poder Ejecutivo Provincial y a la Legislatura avanzar en la sanción de una ley que regule las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios, junto con el resto de las determinaciones vinculadas a dicha actividad.
A partir de ese fallo, y a lo largo de las gestiones provinciales encabezadas por Gustavo Bordet y posteriormente por Rogelio Frigerio, se desarrolló un proceso de trabajo técnico e institucional que culminó con la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura durante casi un año (2024). Dicho proyecto fue analizado durante más de un año en el ámbito de la Cámara de Diputados, especialmente a través de la Comisión de Ambiente, incorporando aportes de múltiples sectores involucrados.
Como resultado de ese proceso amplio, plural y participativo —que integró distintas miradas y se sustentó en evidencia científica— la ley fue finalmente sancionada con un amplio consenso legislativo. Sin embargo, un año después de su sanción, se promovieron acciones de amparo que cuestionan la constitucionalidad de dos artículos vinculados a las distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios.
Más allá del debate específico en torno a las distancias de aplicación, también se encuentra en discusión el alcance del riesgo y las consecuencias que implicaría la eventual adopción de criterios como los establecidos en antecedentes judiciales, que fijan distancias de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas. La aplicación generalizada de estos parámetros en todo el territorio provincial generaría consecuencias significativas sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales, aspectos que forman parte central del análisis aportado por la entidad en su presentación ante el tribunal.
En este contexto, la Bolsa se presentó ante el STJ en carácter de amicus curiae con el objetivo de aportar su opinión técnica e institucional, fundamentando mediante datos y análisis el impacto productivo que podría generar para la provincia una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Asimismo, la presentación pone en valor el extenso trabajo desarrollado durante más de cinco años en la construcción de la norma, destacando que la ley sancionada contempla criterios basados en evidencia científica y establece mecanismos de resguardo que incluso superan los estándares considerados razonables por la propia ciencia.
INFORME DE BOLSACER
La BolsaCER efectuó un análisis espacial de afectación en superficie agrícola por restricciones de 1.095 m y 3.000 m (Loteo Tierra Alta y Aldea Salto), una evaluación de impacto territorial y en la producción alimentaria ante posibles nuevas restricciones.
“La imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo / maíz debido a las restricciones de los amparos judiciales no es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria. Si consideramos que este volumen de granos es la base para alimentos esenciales derivados de las harinas de trigo y maíz, estamos hablando de una pérdida de más de 112.300.000 platos de comida. Esta crisis evidencia la urgencia de un ordenamiento territorial equilibrado y de decisiones que apliquen las leyes vigentes, que garantice la convivencia entre el desarrollo urbano y la producción de alimentos, evitando que la expansión residencial ponga en riesgo el sustento de millones de personas”, señala la conclusión del informe técnico.
