La inadecuada intervención estatal sobre el mercado, que quita incentivo para seguir produciendo, es la principal debilidad que la versión cordobesa del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) identifica en la cadena triguera.
Con cinco años de vigencia, la regulación del comercio del trigo sigue sumando capítulos, que no hacen más que acrecentar el libro de quejas que los sectores de la producción firman contra la política oficial.
La caracterización que el PEA Córdoba realiza de la situación triguera es clara y contundente: “Desde 2007, el mercado interno de trigo está inadecuadamente intervenido por el Gobierno, lo que genera incertidumbre en las opciones de comercialización y, por lo tanto, plantea dudas para su cultivo por parte del productor”, precisa el diagnóstico.
Menor interés. Mientras aún queda en la provincia alrededor de 800 mil toneladas de trigo “viejo” sin vender, el área sembrada en la nueva campaña sería de 684 mil hectáreas, 15 por ciento menos respecto de la campaña pasada, de acuerdo con la estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Más allá de los condicionantes que pudo imponer el clima en algunas zonas (por el déficit de humedad), la falta de certidumbre comercial atentó contra un crecimiento del área sembrada. En la zona núcleo de la provincia hay cooperativas que aún tienen 30 por ciento del trigo acopiado y sin poder comercializarlo.
Esta semana, la liberación de un cupo exportable de 450 mil toneladas trajo más incertidumbre que certeza al mercado, cuando se conoció que el tonelaje era inicialmente para productores de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Luego de la queja formal de Córdoba, el Ministerio de Agricultura de la Nación salió a aclarar que los exportadores podían comprar el trigo en cualquier lugar del país. Sin embargo, y más allá de las rectificaciones, la autorización no alcanzó para generar negocios en los mercados.
Con alrededor de 4,6 millones de hectáreas con trigo implantadas en todo el país (seis por ciento más que en la campaña pasada, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires), nada se sabe de la comercialización de la nueva cosecha. Desde la Asociación Argentina de Productores de Trigo (Aaprotrigo) sostienen que mientras persista el sistema de registros de operación de exportación (ROE) no habrá precio lleno para el productor.
La falta de precios forward (precio pactado con entrega a futuro) impide que los productores puedan calzar, al menos, los costos de producción que insumió la implantación.
En pocas manos. La comercialización de la vieja cosecha de trigo tiene sus particularidades. En los primeros cinco meses del año, los embarques al exterior alcanzaron un volumen de 4.281.471 toneladas, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Agricultura de la Nación. Sobre un total de 44 exportadores que registran envíos entre enero y mayo, sólo 11 empresas reunieron 87 por ciento del total: 3.740.319 toneladas. Un claro ejemplo de la concentración que exhibe el mercado triguero de exportación.
La intervención también favorece a la rentabilidad exportadora. Los 170 dólares por tonelada que le ofrecen al productor son 50 dólares menos de los 220 dólares que podrían abonar, de acuerdo con su capacidad de pago.
Según el Ministerio de Agricultura, de la campaña 2010/11 ya se han liberado exportaciones por 7,85 millones de toneladas, cifra que incluye un anticipo de cosecha de tres millones de toneladas. A pesar de que están subsidiados, algunos molinos que elaboran harina para el mercado interno no la están pasando bien. El atraso oficial en los pagos les impide a varios poder comprar el cereal para proyectar la producción de corto plazo.
Para la cartera agropecuaria nacional, y en función del tonelaje declarado hasta el momento por los productores, el trigo 2010/11 se terminaría en diciembre próximo. De cumplirse el vaticinio, no habría inconvenientes comerciales con el ingreso al mercado de la nueva cosecha. Al respecto, el ministro Domínguez advirtió que el productor tiene tiempo hasta el 30 de agosto para declarar toda la producción.
El diagnóstico oficial difiere del que realizan los productores. Para Carlos Garetto, titular de Coninagro, aún quedan cuatro millones de toneladas de trigo para exportar. A juicio del dirigente, la liberación de ese volumen no traería inconvenientes para garantizar el abastecimiento doméstico.
Difícil pronóstico. Mientras persistan las distorsiones comerciales, el PEA Córdoba advierte sobre las dificultades para desarrollar una estrategia productiva de largo plazo. A partir de la matriz que exhibe el trigo en la provincia, el objetivo del PEA es incrementar la superficie sembrada y avanzar en la diferenciación de calidades. “Se debe empezar a cambiar la imagen de proveedor irregular y trabajar sobre los productores para alentar la producción y diferenciación. Hay que modificar las intervenciones actuales en el mercado doméstico, garantizar la demanda interna, pero permitiendo a los productores obtener el precio de mercado”, precisa el reporte oficial. Por el momento, las metas quedan reducidas a buenas intenciones.